(continuación Escena 2: en “Pensiones”)
7- Estrategias para otorgar menos beneficios
En la gestión anterior había un otorgamiento de alrededor de 10.000 beneficios mensuales a nivel nacional. En la actual gestión se estima que no superan los 1.000 mensuales (dato estimativo dada la dificultad para el acceso a la información, que debiera ser pública). Además de las que venimos mencionando, otras estrategias desarrolladas para lograr semejante merma en el otorgamiento de beneficios son:
- la “falta de firma”, debida al periódico recambio de las autoridades del organismo.
- el cambio permanente de normativas internas, siempre de manera verbal, nunca por escrito, pero con la eficacia necesaria para hacer que los trámites vuelvan algún paso atrás en el circuito administrativo que ya habían recorrido. Este cambio de normativas también se justificaba con el recambio de autoridades.
- desconcentración de responsabilidades a otros sectores gubernamentales de manera unilateral e inconsulta. Esta falta de coordinación deja a las personas libradas al peloteo institucional: recorridos plagados de negativas, de “a nosotres nadie nos informó nada”, de “acá eso no se hace”. Ya viene sucediendo con las tareas pasadas a la ANSES y ahora sucede también con la implementación del Certificado Médico Obligatorio (CMO) digital.
- baja directa de beneficios. En 2017 se dieron de baja 170.000 pensiones de una manera muy violenta: las personas se acercaron al cajero a retirar dinero y se encontraron con que no les habían depositado. REDI, una organización de usuaries, realizó una presentación en la Justicia y ésta falló a su favor, aunque nunca se restableció el total de las pensiones quitadas (sólo se restablecieron unas 40.000). Aunque hay un fallo que obliga a la restitución de todas, se sabe que la ANDIS lo va a apelar. La cuestión de fondo, que es la inconstitucionalidad del decreto 432/97, aún está sin resolver. La justicia falló únicamente sobre la falta de debida notificación.
8- El blindaje “legal”
Para continuar intentando la baja de pensiones sin volver a tener un revés judicial, esta nueva traba que es implementar un CMO digital sin posibilidades reales de obtenerlo, la informaron mediante carta documento. Se remitieron 40.000 cartas documento, a un valor de $590 cada una, para intimar a les beneficiaries a revalidar su pensión a través de la tramitación de un nuevo CMO, esta vez digital.
Esta decisión tiene su correlato en el incremento del personal del área jurídica del organismo.
9- El CMO digital
El CMO digital se lanzó de manera unilateral desde la ANDIS, sin coordinar con el sector sanitario. De manera que se estableció un circuito a recorrer por les beneficiaries… que no existe.
Y esa es la escena que nos estalla en los servicios sociales de las instituciones sanitarias. Y también estalla en el call center de ANSES, cuyes operadores deben dar la información de ese circuito que es de mentira. También le estalla a les trabajadores del CAL, que se enteran de estas políticas con apenas unos días de antelación a que se pongan en práctica y con nula receptividad a sus repreguntas, con lo cual quedan con un discurso muy débil en información y en argumentos para poder responder a las dudas y quejas de las personas que se acercan al CAL y de les trabajadores de la salud que también les demandamos respuestas.
10- Las soluciones que no solucionan
En CABA, luego de una importante resistencia de parte de les médiques a integrarse en ese circuito impuesto sin la menor consulta, el Ministerio de Salud terminó cediendo un efector para la realización de los CMO correspondientes a esta jurisdicción. Pero es sólo para quienes deben “revalidar” su pensión. No es para inicio del trámite. Ni para quienes deben rehabilitarla luego de haber tenido que suspenderla por haber ingresado a un empleo formal o por alguna otra razón que indica la Ley. Con lo cual, en los hechos, se sigue sin circuito de acceso a la Pensión.
Hace dos meses que no se están entregando los CMO en papel porque se estableció el CMO digital. Pero en estos dos meses las personas que se acercaron queriendo iniciar un trámite de pensión no sólo no se llevan el CMO en papel, sino que tampoco tienen dónde tramitar el CMO digital. Son dos meses de trámites que no se inician.
Pero no es la información con que cuentan les trabajadores de la ANDIS que deben atender a la población: a elles les dicen que ese circuito es para todos los trámites de CMO. De hecho, la resolución del Ministerio de Salud da a entender lo mismo. Aunque en la práctica ya se sabe que es sólo para quienes recibieron las intimaciones por carta documento.
11- Las Fake News
Otra estrategia para el desmantelamiento del sistema nacional de pensiones es el uso de fake news y discursos de les funcionaries que estigmatizan a les beneficiaries y a les trabajadores aduciendo una supuesta “falta de criterio” para el otorgamiento del beneficio y construyen una visión estigmatizada de les beneficiaries, de que “no quieren trabajar”, “sólo le piden plata al Estado”.
Les trabajadores de la Junta Interna de ATE sostienen que, según el Censo Nacional del año 2010, había en ese año alrededor de 5 millones de personas con discapacidad en el país, de las cuales sólo alrededor de 2 millones tenían acceso al CUD (certificado único de discapacidad). Si la cobertura con el CUD era baja, necesariamente el acceso a la pensión también, dado que para esta última la CNPA se regía por el decreto 432/97 que es contrario a las convenciones internacionales en materia de discapacidad suscriptas por nuestro país. Es por eso que en las últimas gestiones de la CNPA se había dejado de aplicar ese decreto como parámetro para las evaluaciones, aunque lamentablemente nunca fue derogado y esto facilitó el recorte actual.
12- Controlar y volver a controlar
Con esos discursos les funcionaries legitiman el desmedido uso presupuestario del organismo en acciones de carácter persecutorio, descalificativo y punitorio hacia les beneficiaries (el envío de las cartas documento, la contratación de más personal para el área legal de la ANDIS). Pero también incrementan las erogaciones de les beneficiaries, que pierden tiempo y dinero rebotando por las instituciones, y obligan al Sector Salud a erogaciones en la realización de estudios médicos y consultas profesionales.
Pero esos gastos no son “sin criterio”: con estas acciones regidas por el principio de “controlar y volver a controlar”, se pone un manto de sospecha sobre lo ya acreditado durante la gestión anterior, que involucra a les beneficiaries y a les trabajadores que participaron de la evaluación y acreditaron el derecho al beneficio.
13- Afectación de la salud de les trabajadores de la ANDIS por empeoramiento de las condiciones de trabajo
Les trabajadores de la ANDIS se ven muy afectades por todo esto, que les genera incertidumbre, angustia, stress, porque son les que “ponen la cara”.
La mayoría son contratades, lo cual en este contexto de reducción de los programas sociales en el Estado les imprime una inseguridad mayor. El organismo ya fue afectado por una ola de despidos: atravesaron la experiencia de llegar al trabajo y encontrarse con policías con el listado de quienes no podían ingresar y la presencia de móviles policiales en las inmediaciones durante las protestas de les trabajadores. Esto generó miedo y angustia, que persisten en la memoria.
A esto hay que sumarle que, en el CAL Capital, que se encuentra en la sede central, no hay lugar para todes les trabajadores que fueron trasladades de los CAL que fueron cerrados: debieron acordar turnos de trabajo y aun así no alcanzan los escritorios. Y muches de les trabajadores que estaban en los CAL descentralizados viajan desde muy lejos para asistir al trabajo.
La comunicación de novedades de manera oral, sumamente escueta en información y de un día para el otro, genera un marco de absoluta incertidumbre en relación al desarrollo de las tareas: “Se trabaja en el día a día: nunca sabés qué vas a tener que responder mañana, qué novedades va a haber”, refieren les trabajadores.
Además, en esta forma de gestionar que tiene el macrismo que deja completamente afuera a les trabajadores de la definición de la política pública, no tienen certezas acerca de hacia dónde va la ANDIS. Tienen muchas sospechas que tienen altos visos de probabilidad, pero no hay comunicaciones oficiales acerca de cuál es el objetivo que se tiene para la ANDIS.
Les trabajadores sufren mucho esta situación, tanto por sí mismes como por el impacto que generan todas estas cuestiones en la población a la que atienden. Porque cuando las personas logran tomar medidas de denuncia y demanda de acceso, las realizan generalmente en presencia de les trabajadores, que son la “cara visible”. Y cuando esto no sucede, como trabajadores comparten la preocupación de clase de saber que las condiciones económicas son tan adversas que las personas no llegan a acercarse a la sede y a su vez que las condiciones subjetivas indican un momento de repliegue de la clase trabajadora que no les resulta indiferente.
